Europa se “arma” contra los abusos de menores en la red

(recogido de Aceprensa 11 junio)

Ante la creciente presencia de pornografía infantil y otros abusos sexuales de menores en Internet, la Comisión Europea ha propuesto una nueva legislación para reforzar las labores de detección y vigilancia de estos contenidos. La idea es fomentar la cooperación de las empresas que ofrecen servicios en la web para desarrollar estrategias de prevención.

Preocupa la magnitud del alza de estos contenidos en Internet. Según cifras oficiales, en Europa las denuncias de abuso sexual infantil online pasaron de ser 23.000 en 2010 a 725.000 en 2019. Ya para 2021 se denunciaron 85 millones de casos en todo el mundo, un 64% más que el año anterior.

Esto ha llevado a la Comisión a concluir que el sistema actual, que consiste en la detección y notificación de contenidos delictivos de manera voluntaria por parte de las empresas, se ha vuelto insuficiente para el rastreo exhaustivo de este material. Prueba de esto es que para 2020 el 95% de las denuncias recibidas provenían de una única empresa de servicios en línea, a pesar de que se probara que el problema no solo afectaba a una.  

Las medidas de la nueva normativa. En primer lugar, se propone la creación de un Centro en la UE sobre Abusos Sexuales de Menores. Esta entidad facilitará los esfuerzos de los proveedores de servicios en la web proporcionando información fiable sobre los materiales identificados, recibiendo y analizando denuncias y brindando apoyo a las víctimas.  La normativa estipula que las empresas deberán hacer una evaluación del riesgo del uso indebido de sus servicios para difundir material donde se presenten abusos sexuales a menores o para realizar grooming. A su vez deberán proponer medidas que mitiguen los peligros en el uso de sus plataformas.

De igual forma, los Estados miembros de la UE designarán autoridades nacionales responsables de revisar la evaluación de estos riesgos en los distintos entornos de la web. Tendrán la potestad de solicitar a un tribunal o autoridad nacional independiente que dicte una orden de detección de materiales en caso de que las autoridades concluyan que todavía exista un riesgo alto.

Estas autoridades nacionales podrán dictar órdenes de retirada si no se elimina rápidamente el material en cuestión. De igual forma, los proveedores deberán inhabilitar el acceso a imágenes y videos que no puedan ser quitados, por ejemplo, por provenir de un servicio que opere fuera de la UE.

Ahora corresponde al Parlamento y al Consejo Europeos examinar la propuesta. Si la aprueban, sustituirá al reglamento provisional del 2021. Se espera que con las reformas se desarrolle una acción conjunta más eficaz con las empresas de servicios del entorno digital, y de este modo se combata más eficazmente el abuso de menores en Internet.